IV - De otros aspectos de los planes colonizadores Imprimir E-Mail

Artículo 10.- Tendrán prioridad para ser colonizadas las tierras públicas y aquéllas que los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados pongan a disposición del Instituto, siempre que por su ubicación, superficie y características agrológicas resulten económicamente apropiadas para la formación de centros de producción.

 

 

Artículo 11.- Al organizar las colonias, el Instituto implantará una de ellas cuando menos en cada Departamento del litoral e interior donde no existan, adaptando su estructura y objeto a las particularidades agrológicas, económicas y sociales de la región.

 

 

Artículo 12.- El fraccionamiento de las tierras se hará en lotes cuya superficie será apreciada considerando por un lado los diversos factores que concurran a asegurar la conveniencia económica de las explotaciones a que vayan a ser dedicados, y teniendo en cuenta sus condiciones, topográficas y composición del suelo a fin de conservar su potencial productivo, y por el otro la posibilidad de que el colono pueda realizar la mayor parte de la labor con su trabajo personal y el de su familia, con un rendimiento que les permita mejorar sus condicionas de vida y la eficiencia de la explotación.

     Podrá prescindirse de estas normas, en cuanto se refiere a la superficie de las parcelas, cuando se trate de colonizaciones complementarias, remunerada o de subsistencia mínima.

 

 

Artículo 13.- En las proximidades de las colonias afectadas a la explotación cerealista extensiva, forrajera, lechera o agropecuaria, el Instituto podrá adquirir o arrendar campos para destinarlos a la cría de hacienda que luego haya de ser invernada en aquéllas, y/o al pastoreo de animales de trabajo, lecheras, etc., u otros usos colectivos.

     Igual destino podrá darse a los terrenos comprendidos dentro de las colonias que por su inaptitud para el cultivo- no justifiquen su adjudicación en parcelas.

     La explotación de estos campos se hará en lo posible por los colonos organizados en cooperativas o, en su defecto, bajo la administración directa del Instituto.

 

 

Artículo 14.- El Instituto procurará establecer colonias para la producción de forrajes en las zonas preponderantemente dedicadas a la explotación pecuaria extensiva. A este efecto, y además de las facilidades de orden general que esta ley le autoriza a acordar, podrá servir de intermediario entre los colonos y los ganaderos para la realización de contratos de provisión y/o proporcionar a los primeros los medios de adquirir animales para el engorde.

 

 

Artículo 15.- Tratándose de colonias agro-industriales (lecheras, vinícolas, textiles, aceiteras, azucareras, etc.), y sin perjuicio de las otras medidas de fomento previstas en esta ley el Instituto, cuando exista una evidente conveniencia económica, podrá proceder a la instalación de las plantas de elaboración, por su cuenta o por cuenta los colonos, cobrando locación o fijando cuotas de amortización e intereses además de un margen razonable de previsión, según los casos.

     Igualmente y con la misma finalidad, podrá realizar convenios con personas públicas o privadas.

    Con referencia a las colonias lecheras, estos beneficios comprenderán también la organización de cursos de enseñanza y de servicios colectivos de sanidad, reproductores, recepción, clasificación, enfriado, transporte, etc.

    En el caso de que se trate de concentraciones importantes de producción, el Instituto gestionará la sanción de leyes y ordenanzas que con las garantías consiguientes, autoricen la higienización de la leche en el lugar de origen para ser destinada al consumo directo de las poblaciones.

( Ver artículo  18,146 )

 

 

Artículo 16.- El Instituto impulsará la explotación granjera para servir las zonas de turismo en sus necesidades de producciones hortícola, láctea, avícola, frutícola, etc., y sus derivados (manteca, dulces, miel, conservas, etc.). 

 

 

Artículo 17.- El Instituto procurará que los colonos realicen actividades anexas de huerta o granja y pequeñas industrias caseras para proveer a las necesidades de la familia o para la eventual venta de los productos. 

     A este efecto organizará cursos prácticos de enseñanza, o requerirá la cooperación de la Universidad del Trabajo, y otros organismos públicos y acordará facilidades y estímulos, pudiendo establecer la obligatoriedad de estas explotaciones complementarias como condición de los contratos. 

 

 

Artículo 18.- En las adjudicaciones de predios aunque fuera en propiedad, el Instituto podrá establecer las siguientes obligaciones:

A) De destinar, cuando se trate de explotaciones agropecuarias, hasta el 20% de la extensión de los predios al cultivo de plantas forrajeras, salvo que por la excepcionalidad de la pradera natural ello no sea necesario;

B) De conservar, poblar o repoblar forestalmente las riberas de los cursos fluviales, cuando esta defensa sea necesaria a juicio del Instituto, el cual proporcionará los árboles que sean precisos, y que el propietario del bien deberá cuidar y explotar racionalmente;

C) De no roturar los terrenos con pendiente pronunciada, con las excepciones que establezca la reglamentación.
 

     Asimismo, el Instituto, podrá establecer la obligación de destinar, siempre que las características de los terrenos lo consientan, hasta el 40% del área a las explotaciones que se consideren indispensables al consumo o al normal desarrollo de la actividad económica del país, o al abastecimiento de productos a las plantas de elaboración organizadas de acuerdo con el artículo 15.

     La necesidad de los cultivos a que se refiere el anterior apartado, será declarada por el Instituto con la aprobación del Poder Ejecutivo dada en Consejo de Ministros, estableciéndose en la misma resolución, condiciones de precios y colocación de los frutos que contemplen el interés de los productores.

 

 

Artículo 19.- El Instituto estudiará la posibilidad de desarrollar planes de colonización intensiva en los ejidos de los centros poblados, con el asesoramiento y colaboración de los gobiernos departamentales. 

     La financiación de estas obras podrá quedar a cargo de los Municipios o entidades locales particulares creadas al efecto (cooperativas, sociedades colectivas de acción social, etc.), a los cuales el mismo Instituto podrá hacer extensivos los beneficios de la presente ley. 

 

 

Artículo 20.- Aunque se trate de situaciones producidas fuera de sus colonias, el Instituto procurará, mediante permutas u otra clase de convenios, ubicar en nuevas tierras a los agricultores que no posean otras medios de vida que el trabajo de sus predios, cuando éstos sean ineptos o cuando, por una desmembración excesiva, carezcan de área suficiente para una explotación económica. A los mismos fines podrá concederles, para la adquisición de parcelas contiguas a las que actualmente cultivan, las facilidades máximas que acuerde a las otras formas de colonización. 

     Si la inaptitud de la parcela recibida en cambio fuese debida a la naturaleza del suelo o a su destrucción por los agentes erosivos, el Instituto, antes de adjudicarla de nuevo, procederá a su rehabilitación o se asegurará de que el adjudicatario la realice.

     Si la degradación de los terrenos fuese tal que no hiciese económica su recuperación para la labranza o el pastoreo, aquellos se aplicarán a arborización u otros destinos.

     El Instituto tomará igualmente a su cargo la ejecución de estas labores en los terrenos que con tal fin, el Estado o los Municipios pongan a su disposición, o en los que el Ente adquiera con los recursos que al efecto le atribuyan las leyes.

( Ver artículo  60 )

 

 

Artículo 21.- Cuando circunstancias muy especiales lo justifiquen, el Directorio podrá autorizar el arrendamiento de fracciones de un área mayor de mil hectáreas por un plazo no superior a un año.

( Ver artículos  136, 146 )

 

 

Artículo 22.- Los interesados en los beneficios que se otorguen para la adquisición de predios aislados, deberán someter previamente un plan detallado de las explotaciones que se proponen realizar, pudiendo contar para ello con el asesoramiento del Instituto. El crédito colonizador será denegado cuando el plan propuesto no reúna las condiciones mínimas de rentabilidad o no contemple los intereses generales del país, a juicio del Instituto.

    El agricultor estará obligado a ceñirse a lo dispuesto en el plan de explotación aprobado por el Ente, pudiendo éste practicar las inspecciones necesarias. Sólo se podrán modificar las disposiciones básicas del Plan, cuando mediara autorización expresa.

( Ver artículo 102 )

 

 

Artículo 23.- En las operaciones a que alude el artículo anterior, el Banco Hipotecario podrá acordar préstamos en títulos hipotecarios del 60 al 75% del valor venal de la propiedad, estándose en cuanto a la fijación de valores a las reglas generales de su Carta Orgánica. Sobre estos préstamos, el Banco no podrá cobrar más del 1/2% de comisión.

     El Instituto Nacional de Colonización podrá completar hasta el 80% de dicho valor con un préstamo en efectivo con garantía de segunda hipoteca. En todos los casos el comprador aportará como mínimo el 20%, así como también la diferencia que pudiere resultar con relación al precio de compra.

     Las propiedades objeto de estos préstamos, deberán ser aptas para la labranza y dedicadas a ella, como mínimo en un 50% de su superficie, y su valor venal no podrá ser superior a treinta y cinco mil pesos.

     Los compradores deberán reunir las condiciones exigidas en esta ley y cumplir sus disposiciones so pena de que se les apliquen las sanciones que en ella se establecen.

( Ver artículo 75 )

Nota: Ver. Art. 2 y ss. del decreto reglamentario del Poder Ejecutivo de 17-III-48.

 

 

Artículo 24.- El Instituto colaborará con las reparticiones públicas pertinentes, dentro de las colonias, en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que establecen la obligatoriedad de la concurrencia de los niños a las escuelas, pudiendo en caso necesario organizar servicios especiales de locomoción.

     Igualmente prestará esta colaboración en la aplicación de las leyes relativas a la higiene pública, a la Policía Sanitaria Animal o Vegetal, y a la Previsión y Asistencia Sociales, procurando que se aseguren buenas condiciones de vida y trabajo a los peones rurales y contemplando la posibilidad de convertirlos en productores independientes, teniendo en cuenta su buena conducta, laboriosidad y competencia.

Actualizado el ( lunes, 12 de septiembre de 2011 )
 
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