VII - De la adquisición de tierras Imprimir E-Mail

Artículo 28.- Antes de comprar, expropiar o tomar en arrendamiento o en administración la tierra a colonizarse, se procederá al levantamiento de la carta agrológica y al estudio detenido de la posibilidad de una explotación económica regular de la misma que justifique la operación, teniendo en cuenta que el predio se encuentre situado en zonas donde los costos de producción y distribución sean económicamente viables, y que el plan de cultivos o crianzas responda a posibilidades de orden natural y técnico, y a una demanda normal o previsible de sus producciones en los mercados interno y externo. 

( Ver artículo 146 )

Nota: Ver Art. 1 a 3 del decreto reglamentario del Poder Ejecutivo de 30-XI-48.

 

 

Artículo 29.- En los casos de adjudicación de inmuebles rurales por falta de licitador, los Bancos y demás dependencias del Estado ejecutantes, deberán ofrecer los referidos bienes al Instituto, a los fines de la presente ley. Si el Ente no resolviere su adquisición dentro del plazo de sesenta días, los adjudicatarios podrán disponer de los mismos, según sus facultades. 

 

 

Artículo 30.- Asimismo, los inmuebles rurales que adquiera el Banco de Seguros del Estado como consecuencia de constitución de rentas vitalicias, deberán ser ofrecidos en las mismas condiciones que prescribe el artículo anterior, por el valor que hubiera servido de base a la operación.

( Ver artículo  136 )

 

 

Artículo 31.- Los propietarios de tierras aptas para colonizar, podrán ceder éstas a perpetuidad o por un número determinado de años, mediante el pago de una pensión o en otra forma, con las garantías que se acuerden, con derecho de prórroga o no, o bien concediendo al Instituto una opción para la compra de dichos terrenos.

 

 

Artículo 32.- El Estado podrá vender en subasta pública los terrenos de su pertenencia que estén baldíos u ocupados por particulares y que por su mala ubicación o extensión insuficiente, o por cualquier otra circunstancia, no le produzcan o no le puedan producir presumiblemente beneficios económicos o sociales, e invertirá su importe en la compra de nuevas tierras que constituirán su patrimonio inalienable.

     Las tierras que el Estado adquiera conforme a lo establecido en el apartado anterior, serán entregadas al Instituto y destinadas a la colonización bajo los regímenes de arrendamiento o enfiteusis, o a la organización de explotaciones modelos o de enseñanza, o bien serán afectadas a la repoblación forestal, con preferencia -en este último caso- en los terrenos denudados, médanos, bañados o pedregales.

 

 

Artículo 33.- El Ministerio de Hacienda por intermedio de la Dirección General de Catastro y Administración de Inmuebles Nacionales, procederá a la investigación de las tierras fiscales, haciendo conocer el inventario de las mismas al Instituto, al efecto de discriminar las que resultaren aptas a los fines de la presente ley. Los bienes de esta categoría que se resolviese colonizar serán transferidos al Instituto, el que procederá a su adjudicación en arrendamiento o enfiteusis.

 

 

Artículo 34.- El Instituto podrá acordar con los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y organismos públicos en general, la administración de las tierras de propiedad de éstos que sean aptas para la explotación agropecuaria, mediante convenios especiales o el pago de un tipo de interés equivalente al de la deuda pública y con las garantías inherentes a estas obligaciones del Estado.

 

Nota: Ver Art. 10 del decreto reglamentario del Poder Ejecutivo de 17-III-48

 

 

Artículo 35.- Dentro de las zonas que se señalen por decreto del Poder Ejecutivo, todo propietario, antes de vender un campo de una extensión superior a mil hectáreas, está obligado a ofrecerlo en primer término al Instituto el que tendrá preferencia para la compra, en igualdad de condiciones.

     La declaración a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser hecha ante cualquiera de las oficinas públicas que en la reglamentación se indiquen. Estas declaraciones deberán ser comunicadas de inmediato al Instituto el que dispondrá de un plazo máximo de diez días para manifestar si se interesa o no por la adquisición. 

     La falta de cumplimiento por parte del vendedor, lo hará pasible de una multa equivalente al cinco por ciento del aforo fiscal íntegro.

 

Nota: Ver además decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo de 17-III-48, Arts. 11 y 12; - de 24-V-48, Arts. 1 a 5; y - de 29-XI-49, Arts. 1 a 8.

 

 

Artículo 36.- El Instituto podrá intervenir en el sentido de gestionar la compra directa o arrendamiento de tierras de propiedad de terceros, a solicitud formulada por agrupaciones de productores, integradas por personas que reúnan los requisitos exigidos para ser colonos. En tales casos, el Ente actuará como intermediario y aun podrá responsabilizarse por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los contratos, en las condiciones y con las garantías que se convengan.

Actualizado el ( lunes, 12 de septiembre de 2011 )
 
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