El Instituto Nacional de Colonización a la Opinión Pública Imprimir E-Mail

El Directorio del Instituto Nacional de Colonización advierte sobre una fuerte campaña de desinformación y confusión,  tendiente a avalar el traslado al mercado inmobiliario de 150.000 hectáreas  de tierra, compradas con recursos de la sociedad, y afectadas a los fines de la colonización. Una potencial  modificación legislativa constituiría la privatización de recursos pertenecientes a la sociedad, del orden de los  800 a 1.000 millones de dólares.

Recientemente, el Parlamento Nacional ha aprobado una nueva prórroga de los plazos establecidos en la ley 18.187, a los efectos de analizar con solvencia los temas de fondo.  

El Directorio del Instituto ha emitido su opinión al rescto y las sugerencias de modificaciones han sido expuestas en las comisiones parlamentarias. A efectos de presentar nuestra visión institucional ante autoridades y ciudadanos, y con la obligación de realizar la mejor gestión y la defensa del patrimonio de un Ente público, tal como se encomienda a nuestras funciones, decimos:

1.       En un marco de propiedad privada y libre mercado como el que acordamos e impera en nuestra institucionalidad, entendemos que la colonización conlleva la defensa y promoción de un área de propiedad social de la tierra, que regula las inequidades del mercado y asegura a los sectores más débiles de la sociedad rural el sustento básico y la estabilidad social que cualquier sociedad democrática requiere. Esta visión filosófica fue compartida por múltiples sectores sociales y políticos del país y ha surcado la historia nacional desde sus albores hasta la actualidad.

2.       El Banco Hipotecario del Uruguay posibilitó el acceso a la tierra a pequeños productores y trabajadores rurales mediante la formación de colonias, planes y créditos especiales, financiados por la sociedad y bajo el concepto de propiedad privada pero afectada a los fines de la colonización. La exclusión de la condición de afectación que se debate en el Parlamento, desprotege y libera al mercado inmobiliario más del triple de las tierras que con enorme esfuerzo se lograron incorporar al Instituto durante esta administración, facilitando su concentración y potencial extranjerización .

3.       Considerando el valor de la tierra y las inversiones sociales realizadas en caminos, puentes, alcantarillados, escuelas, escuelas agrarias, alumbramiento de aguas, mejora de viviendas rurales, electrificación rural, etc. la modificación legislativa que se debate, eventualmente constituirá una privatización de recursos pertenecientes a la sociedad del orden de los U$S 800 a U$S 1.000 millones. Esta transferencia gratuita al sector privado, sin contraprestación alguna, equivale a desarticular seriamente la colonización que representa un escaso 4 % de la superficie agraria en el país, provocando un retroceso en la justicia y el equilibrio social del medio rural. Cabe consignar que nunca antes se ha intentado una modificación semejante, con el énfasis y la persistencia actual; ni aún en lo períodos de políticas económicas más neoliberales por los que atravesó la sociedad uruguaya.

4.       Los servicios jurídicos del Instituto han sostenido, desde siempre, la tesis de la afectación de la tierra proveniente del Banco Hipotecario del Uruguay, a los fines de interés social. Este enfoque se mantiene en la actualidad por los profesionales  actuantes en el área jurídica. Si aún existiese alguna duda, la Suprema Corte de Justicia nos ha dado la razón en plenitud. En tres dictámenes sucesivos, dados a conocer en los meses recientes, ha desestimado la excepción de inconstitucionalidad interpuesta por diferentes actores. Y, mucho más allá de ello, ha expuesto con claridad y contundencia la razón de sus fallos, que generan la tranquilidad jurídica y filosófica de nuestra gestión y opinión sobre el tema.

5.       Finalmente, en el marco de sus obligaciones naturales de gestión y defensa del patrimonio del Ente Público que se le ha encomendado, el Directorio del Instituto Nacional de Colonización expresa, que la desafectación de la tierra comprada durante la colonización  promovida por el Banco Hipotecario del Uruguay, y que constituye parte del patrimonio nacional administrado por el Estado, es inconveniente y contrapuesta al programa y a la filosofía de gobierno por la cual fuimos designados. Por ello, estamos dispuestos a exponer nuestros argumentos toda vez que se nos requiera  y a debatir con aquellos que se oponen a la colonización o pretenden desintegrar el área social de la tierra administrada por el Instituto.
  

DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

GONZALO GAGGERO        MARIO VERA

MIGUEL VASSALLO        ALVARO FERREIRA

21 DE MAYO DE 2010

Actualizado el ( martes, 10 de agosto de 2010 )
 
< Anterior   Siguiente >