Las políticas públicas en agricultura familiar fueron tema de seminario de UTU Imprimir E-Mail
En el panel de Políticas públicas nacionales de agricultura familiar en el Seminario-taller, organizado por UTU, sobre el Rol de la Educación para el Desarrollo Sustentable de la Agricultura Familiar participaron la directora General de la Granja del MGAP, Zulma Gabard; la presidenta del INC, Jacqueline Gómez, el director de Desarrollo Rural del MGAP, José Olascuaga; el director Nacional de Desarrollo Social del MIDES, Francisco Terra; y el Secretario Técnico de Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Fernando López. 

La actividad, realizada el 16 de octubre, en el local central del Consejo de Educación Técnico Profesional, en Montevideo; reunió a estudiantes, docentes y autoridades.

 

Olascuaga comentó que hace diez años “nadie hablaba de agricultura familiar” sino de “pequeños productores”, con cierto “reduccionismo” del concepto. Las políticas “diferenciadas” en agricultura familiar implican no tratar a quienes son “distintos” como “iguales”, mencionó el director de la DGDR.

 

A través de las políticas de la DGDR se impulsa la “descentralización” y la “participación ciudadana” donde las 40 mesas de desarrollo rural (MDR) son ámbitos en que se agrupan de 300 a 500 organizaciones de productores, precisó Olascuaga.

 

Entre las políticas que implementó la DGDR está el registro del productores familiares, que en todo el país suman más de 23770; los microcréditos, al que accedieron más de 10 270; y el fortalecimiento institucional, con un aporte de 8,5 millones de dólares que beneficiaron a 178 organizaciones de productores rurales.

 

El INC es una institución de referencia para el acceso a la tierra, afirmó Gómez. El modelo de producción que se presenta a Colonización debe ser “adecuado” tanto en lo productivo como en lo social y ambiental, detalló la titular del INC. Por tanto, “el Instituto tiene que tener un enfoque de desarrollo rural” ya que son “tierras productivas en propiedad social”, aseguró Gómez.

 

En este contexto, “fomentar la distribución de la tierra sin duda es una forma de distribución de riquezas” para lo cual “la única forma es que el Estado sea el dueño de la tierra”, manifestó la presidenta del INC. Si bien el INC apunta a los “sectores más vulnerables” del medio rural, es “responsabilidad de todos considerar que la tierra es un bien social”, subrayó.

 

El INC, creado en 1948, actualmente cuenta con más de 590.000 ha afectadas a la ley 11 029. En dos períodos históricos el INC vendió más tierras de las que compró; en la Dictadura Cívico-Militar (1973-1984) se compraron 25 000 ha y se vendieron 44 400 ha, y en la última crisis económica (2000-2004) donde se vendieron 11 764 ha y se incorporaron solo 45 ha; especificó Gómez.

 

Para el MIDES ha sido más sencillo detectar grupos de la última “caída social” a la vulnerabilidad económica que los históricamente postergados, constató Terra.

 

El MIDES se reconoce como “muy urbano”, los programas de diseño urbano como la tarjeta Uruguay Social o Uruguay Trabaja han tenido dificultades en llegar a los hogares del medio rural; en consecuencia se estudia en el caso de la tarjeta un complemento para el transporte que facilite llegar a los lugares de compra, y Uruguay Trabaja comienza a implementarse en 15 localidades del interior, confirmó el director del MIDES.

 

Así mismo el MIDES trabaja en programas de educación con UTU e INEFOP, en el área de discapacidad y violencia de genero se están formando equipos de manera de descentralizar la gestión aunque “el ministerio solo en esto la tiene muy complicada” admitió Terra que instó a la coordinación institucional y dijo que “la articulación tiene que venir de la mano de la especialización”.

 

Los agricultores familiares granjeros forman parte de un universo heterogéneo, explicó Gabard. Las diferencias están marcadas por lo productivo (apicultura, fruticultura, horticultura, cerdos y aves) hasta los destinos de comercialización (el 90% de la producción apícola y el 80% de la citrícola se exportan, en tanto el 100% de la horticultura es para el mercado interno), describió la titular de DIGEGRA.

 

La granja el sector que más números de trabajadores emplea del medio rural a su vez garantiza la soberanía y seguridad alimentaria con un mercado que se nutre en un 96% de producción nacional, mencionó Gabard. A su vez, la propia constitución de los rubros no permite “especular” por eso son “familias arraigadas” las que se encargan de la granja.

 

Según López para los productores es importante que haya “políticas diferenciadas” y si bien se reconocen los “avances” aún “es mucho lo que queda por hacer”, dijo. La “pérdida” de pequeños productores en el medio rural y el “proceso de desaparición” de éstos “no ha terminado”, enfatizó el secretario de la CNFR.

 

El acceso a la tierra “ha avanzado” pero aún no cubre la demanda y el proceso de concentración “es muy importante”, manifestó López. “El centro tiene que ser la familia en los programas y no lo productivo”, opinó.

Actualizado el ( jueves, 23 de octubre de 2014 )
 
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